En el sector inmobiliario, los terrenos ejidales suelen considerarse una alternativa viable para el desarrollo de nuevos proyectos, especialmente por su accesibilidad económica y la posibilidad de disponer de grandes extensiones de tierra. Sin embargo, el atractivo inicial puede verse opacado si no se dimensionan correctamente los riesgos legales asociados.
El régimen ejidal en México tiene particularidades que lo distinguen del régimen de propiedad privada. Los ejidatarios no pueden vender directamente sus tierras, solo pueden ceder su uso mediante contratos de arrendamiento. Esta limitación, si no se maneja con la debida formalidad, puede derivar en la nulidad de los contratos y en la pérdida de inversiones considerables.
Entre los riesgos más comunes se encuentran la falta de autorización de la Asamblea de Ejidatarios, contratos mal estructurados o la omisión de registros ante el Registro Agrario Nacional (RAN). Cualquiera de estos errores puede frenar un proyecto o incluso invalidarlo por completo.
Para reducir estos riesgos, es fundamental seguir un proceso legal adecuado que incluya la obtención del consentimiento de la Asamblea, la inscripción del contrato ante el RAN y la revisión técnica y jurídica del arrendamiento. Con estos pasos, se fortalece la certeza jurídica del proyecto y se protege la inversión a largo plazo.
En Roqueñi Abogados, acompañamos a nuestros clientes desde la etapa de planeación, evaluando ventajas, desventajas y asegurando que cada paso del proceso cumpla con la normatividad aplicable.
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